Covid 19: ¿Puede adoptar restricciones duras el Gobierno para toda España? Solo con estado de desasosiego o pacto con las autonomías | Sociedad

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La sexta oleada de covid nos obligó a dar un paso atrás en la progresiva desescalada que emprendió España el 9 de junio, cuando se levantó el segundo estado de alarma decretado por el gobierno durante la emergencia sanitaria. Sin este instrumento legal, que establece al Ejecutivo Central como la autoridad única en materia de salud, las comunidades recuperaron – algunas de mala gana – sus habilidades en salud y se responsabilizaron de decidir qué medidas se aplicaban en su territorio. La variante omicron impuso un cambio de guión, pero solo Cataluña, Murcia, Canarias y Cantabria aceptaron salvar algunas de las restricciones que estaban vigentes hace unos meses. Los demás se resisten a decretar medidas restrictivas a las puertas de la Navidad y miran con recelo al Ejecutivo Central para asegurar que es el que está de acuerdo en las acciones generales, pero el Gobierno solo ha propuesto, por ahora, el regreso a uso obligatorio de las máscaras en el exterior.

¿Podría el gobierno imponer otras acciones o limitar derechos para toda España sin un estado de alarma? Depende de cuales. El uso obligatorio de mascarillas por dentro y por fuera quedó recogido en la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para atender la emergencia sanitaria aprobada en febrero de 2021, por lo que cuando el Ejecutivo decidió eliminarlas a la intemperie, le bastó. aprobar un real decreto por el que se modifica esa parte de la ley en el Consejo de Ministros, luego validado en el Congreso. Lo mismo ocurrirá ahora para volver a la obligación. Pero esta fórmula no es válida para imponer otras medidas que no están reguladas por las leyes estatales y que algunas comunidades han solicitado, como toques de queda o restricciones de tiempo. Sin el estado de alarma, las autoridades sanitarias son las comunidades.

La ministra de Salud, Carolina Darias, habla en rueda de prensa posterior al Gabinete este jueves.Foto: RRF (PRENSA EUROPEA) | Video: EFE

Los gobiernos autónomos pueden tomar medidas en su territorio como limitar la capacidad, reducir el horario de restaurantes o entretenimiento, o incluso cerrar la vida nocturna. Para ello no necesitan aval judicial y casi todos ellos ya han tenido iniciativas similares en marcha tras el estado de alarma. Algunos de ellos fueron apelados por personas o grupos afectados (como asociaciones de hostelería) y los jueces coincidieron con las comunidades si la medida estaba bien motivada en parámetros de salud como la alta incidencia del virus en una zona determinada.

Este camino también puede servir a las comunidades para implementar otras medidas de las que se está hablando estos días, como evitar multitudes en fechas específicas como Año Nuevo. Las comunidades, e incluso los municipios para determinados eventos locales, son competentes para determinar la capacidad de los espacios públicos.

Los gobiernos encuentran más difícil ponerse de acuerdo sobre acciones que implican una limitación de los derechos fundamentales, como un toque de queda o la prohibición de entrar o salir de un territorio. Estas medidas requieren el aval de los tribunales superiores y, si bien el Gobierno ha interpuesto un recurso expreso ante el Tribunal Supremo para intentar crear una jurisprudencia única, en la práctica han continuado existiendo discrepancias entre los tribunales de una comunidad y la otra. Sin embargo, los jueces regionales y, sobre todo, los de la Audiencia Nacional han trazado un camino que avala la restricción de derechos fundamentales, aunque no de forma generalizada para toda la comunidad, pero solo cuando se justifica que es «indispensable y limitado en espacio y tiempo, lo que llevó a los líderes regionales a adecuar sus medidas y limitar las más restrictivas a los municipios con mayor riesgo de contagio.

Consejo Interterritorial

Aún sin el estado de alarma, el gobierno central pierde el carácter de autoridad única en salud, el Ejecutivo tiene en la mano una herramienta que ya se ha utilizado en la pandemia y que podría servir para implementar acciones de manera generalizada: la Salud Interritorial. Consejo, órgano de cooperación en el que se asienta el Ministerio de Salud y las comunidades. El Tribunal Supremo ha equiparado este órgano a una conferencia sectorial, lo que implica que puede llegar a acuerdos por mayoría de votos que son obligatorios para todos, incluso para las autonomías que votan en contra. Así se acordó, por ejemplo, en septiembre de 2020, antes del segundo estado de alarma, limitar la movilidad en poblaciones que superaban los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y tenían una tasa de pruebas positivas de más del 10% y una ‘ocupación’. en cuidados intensivos más del 35%. La Comunidad de Madrid, que votó en contra porque la medida suponía el cierre de su capital y otros nueve municipios, anunció que no cumpliría con la medida y el gobierno acabó decretando un estado de alarma exclusivo para esta comunidad.

A través de este camino, la salud y las comunidades pueden adoptar tanto medidas obligatorias como recomendaciones. Para que se impongan en todos los territorios, los acuerdos alcanzados por el Pleno del Consejo Interterritorial deben adoptarse bajo la fórmula de acciones coordinadas en salud pública y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de que dichos acuerdos impliquen la limitación de derechos fundamentales, la medida también requerirá el aval judicial, pero en este caso no por los tribunales autonómicos, sino por la Audiencia Nacional, lo que disipa la inseguridad jurídica denunciada por los presidentes de. región. El alcance depende de los jueces de su comunidad. La decisión tomada por los tribunales centrales puede ser recurrida y la última palabra volvería a ser la sala de lo litigio de la Corte Suprema.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, insinuó esta opción tras la conferencia de presidentes celebrada este miércoles. “La gente exige cierta unidad. No estaría en contra de un Consejo Interterritorial de Salud para proteger, ante los tribunales, las decisiones de algunas comunidades, aunque no se apliquen a todo el país, pero que las necesitan para ser válidas ante sus tribunales superiores. Perdí por adelantado la batalla con el Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha y si mañana tuviera que tomar decisiones sería, más que por Navidad, por Carnevali, entre apelar al Tribunal Supremo y esperar las conclusiones ”, advirtió. .

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