El Constitucional ordena investigar mejor la denuncia de una detenida que fue obligada en comisaría a desnudarse | Sociedad

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La Corte Constitucional dictó sentencia de tutela contra una mujer que denunció que fue sometida a un registro inútil con total desnudez en estructuras policiales, y consideró insuficiente la investigación judicial de estos hechos.

Por ello, el Tribunal Constitucional anula la interposición de la demanda de amparo adelantada por la actora, y ordena que se investiguen los hechos, ocurridos en 2019 en Badajoz. El juzgado exige que se lleve a cabo «una investigación eficaz y exhaustiva» para esclarecer si la actuación policial fue desproporcionada y atentó contra la integridad moral del denunciante, que fue detenido por orden judicial como autor de un delito de desobediencia.

La sentencia -de la que fue ponente el juez Cándido Conde-Pumpido- explica que la denuncia del detenido fue admitida a trámite, pero el hecho no fue suficientemente investigado. El juez de instrucción solicitó al jefe de la unidad policial de Familia y Mujer que identificara al agente que había realizado el registro corporal y que informara de la necesidad. El informe policial remitido al juzgado indica que en ningún momento se ordenó al detenido que se desnudara por completo.

El magistrado interrogó a la denunciante, quien durante su declaración entregó al juzgado varios audios que había grabado «en secreto desde que fue detenida hasta que entró al calabozo». A la vez, se le informó al juez que las cámaras de las dependencias policiales no habían captado las imágenes del cateo realizado y se interpuso la denuncia.

Esta decisión fue impugnada ante el propio juzgado y luego ante la Audiencia Provincial de Badajoz, con el pedido de que «sea oída personalmente y en contradicción a la mujer policía que realizó el registro». Esta diligencia tenía por objeto que el oficial explicara las instrucciones que le dio a la detenida en el sentido de que «se quitara todo» para el cateo.

Las peticiones del querellante fueron ignoradas, ya que tanto el juzgado como la audiencia provincial sostuvieron que no se había acreditado la práctica de la referida cancillería. Los órganos judiciales, por su parte, han cerrado el asunto «porque el allanamiento es una actuación policial ordinaria prevista en los protocolos de detención policial establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad».

Reordenando la reapertura de la causa a investigación de fondo, la Corte Constitucional argumenta que “la investigación practicada sobre la conducta policial considerada por la demandante excesiva y lesiva a su dignidad no fue suficiente, pues no facilitó la adecuada esclarecimiento de los hechos denunciados”. En apoyo de esta tesis, el tribunal argumenta que la entrega en juicio del audio grabado por la actora constituye “una sospecha razonable basada en datos objetivos”.

Por ello, la Corte Constitucional considera que “era pertinente tratar de esclarecer si se realizó o no un allanamiento al desnudo y, en caso afirmativo, determinar con qué finalidad y en qué medida se trató de una medida proporcionada en las circunstancias concurrentes”. La Corte también subraya que este tipo de registros corporales, tal como ha sido resuelto en casos anteriores relativos al ámbito penitenciario, “por su propio contenido o por los medios empleados, pueden acarrear sufrimientos de especial intensidad o provocar humillaciones o envilecimientos de la persona”. sujeto pasivo y por tanto constituyen un trato humillante y degradante, prohibido por el artículo 15 de la Constitución”. La resolución también destaca la existencia de una jurisprudencia constitucional “consolidada y reiterada” y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la “obligación de una investigación eficaz y eficiente de las denuncias de malos tratos por parte de agentes de la au toridad en situaciones de privación de Libertad”.

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