El Gobierno advierte sobre los planes de PP, Cs y Vox en Doñana: “No habrá agua, es un farsa a los regantes” | Clima y Medio Animación

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El Ministerio para la Transición Ecológica advirtió este martes de que los nuevos regantes en la zona de Doñana que surgirán, si prospera la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox en el parlamento andaluz de legalizar 1.460 hectáreas, se quedarán sin agua para sus invernaderos de fresas cercanas al área protegida y que han agotado su acuífero durante décadas. “No va a haber agua, ni un metro cúbico, es un engaño para los rociadores. No es posible regularizar una sola hectárea, no habrá agua para ellos”, repitió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

La Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es el organismo que podría otorgar agua a los nuevos aspersores si sale adelante la iniciativa legislativa de la derecha en Andalucía, que suma suficientes votos a la cámara autonómica. La extraordinaria sequía declarada en noviembre en la cuenca del Guadalquivir, el nivel de las cuencas, que se encuentran al 28% de su capacidad, y el acuífero de Doñana, declarado «sobreexplotado» por el Gobierno hace año y medio, imposibilitan que estos nuevos aspersores acuerden tener derechos de agua, los ejerce el gobierno. La iniciativa de los tres grupos políticos provocaría que 1.460 hectáreas ilegales se convirtieran en «tierras agrícolas de regadío», sin concederles permiso para disponer de aguas superficiales ni subterráneas.

El enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ejecutivo Central ha subido este miércoles unos grados más por esta polémica iniciativa planteada en año electoral por los partidos que gobiernan esta comunidad y la ultraderecha. “No se reconocerán derechos [a los regantes]. Pido a la Junta que vete este proyecto de ley y que no permita un debate estéril (…). Generar expectativas condenadas al fracaso es, literalmente, hacer trampa. Un derecho al agua sin agua es humo”, agregó Morán. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró este martes que la iniciativa restablece los «derechos históricos» de los agricultores de la zona de Doñana. “Los derechos históricos sólo existen en la imaginación del presidente andaluz”, respondió Morán, recordando que estas reivindicaciones de los ganaderos ilegales y abordadas por el presidente andaluz carecen de marco legal.

Paralelamente, la Comisión Europea analizará el plan de la Junta de Andalucía después de que Unidas Podemos enviara una carta al Parlamento Europeo. “Esta propuesta es un atentado medioambiental que ultimaría el parque natural y agravaría la competencia desleal que sufre el sector agrario incumplidor de la normativa”, ha criticado el portavoz del partido, Toni Valero.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, tiene seis semanas para valorar si el proyecto de ley andaluz pone en peligro a Doñana y contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que el pasado mes de junio condenó a España por no frenar los saqueos que provocan los invernaderos clandestinos a través de los pozos. Morán se reunirá con Sinkevičius esta semana y ambos abordarán la polémica disposición.

Un inmigrante pasa frente a la balsa de la comunidad de regantes de El Fresno, en Lucena del Puerto (Huelva).
PACO PUENTES 30799205C (EL PAÍS)

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Queda por ver qué sanciones resultarán del incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en caso de que los jueces encuentren que esta reforma legal pendiente entra en conflicto con su sentencia. “La sentencia es vinculante y no la podemos ignorar (…) No nos hemos desviado ni un centímetro del plan de la corona de 2014”, dijo Morán. El problema es que el ministerio asegura a instituciones internacionales como la Comisión Europea y la UNESCO que España defenderá el plan de la corona para proteger el acuífero de Doñana, pero el programa de medidas está en manos del consejo, que rema en sentido contrario.

La Confederación no ha precisado si sus servicios jurídicos han asegurado que los propietarios de estas 1.460 hectáreas, muchas de las cuales ahora se riegan con pozos ilegales, no tendrán tanta agua como reclaman por la vía administrativa o judicial. Hay cinco comunidades de regantes de Almonte (Huelva) que opinan lo contrario y creen que estos nuevos regantes en el entorno de la reserva podrían competir con ellos y provocar por tanto una merma en el suministro de agua del que hoy disfrutan, lo que los convierte en una amenaza para la supervivencia de sus fincas frente a las restricciones de riego previstas. Es decir, la colusión de los ganaderos legales con los ilegales acabó de un plumazo porque estos últimos son competencia desleal y podrían cerrar el grifo a partir de ahora.

Estas comunidades de regantes advirtieron en una carta que la Confederación, «en concesiones de aguas superficiales previamente otorgadas, tiene usuarios privilegiados sin derechos previos». Los aspersores se han acercado a cuatro grupos políticos (PP, Cs, Vox y PSOE) para pedirles que eviten tramitar el proyecto de ley de urgencia, para que tenga los informes técnicos que expliquen la viabilidad de incorporar un nuevo riego. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró ayer que se impulsa la iniciativa «para que todos puedan participar y ser escuchados», pese a la ausencia de la Confederación y el Consejo de Participación de Doñana, organismos que cuentan con técnicos que conocen la gestión del agua. en el área.

El Ministerio recuerda que el Consejo «sabe que no hay agua» y por ello no ha relanzado su iniciativa en el Plan Hidrológico cerrado el 17 de diciembre, donde la Confederación podría haber respondido para demostrar con informes técnicos que la iniciativa no es posible . . Moreno insistió ayer en que la iniciativa parlamentaria de su partido no significa «ampliar el riego», aunque el proyecto de ley dice lo contrario. El presidente andaluz también ha destacado que las fincas que se legalizarán no afectan al acuífero porque “están situadas a 30 kilómetros del parque”. Sin embargo, algunas de las fincas afectadas por la regularización se encuentran a solo un par de kilómetros de la reserva. Mientras tanto, la UNESCO ha dirigido su petición de información sobre el plan andaluz a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura, su interlocutor habitual en España.

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