El Gobierno plantea que en el plazo de tres primaveras ninguna residencia ni centro de día inmovilice a los mayores | Sociedad

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El Gobierno pretende avanzar hacia el confinamiento cero, es decir, que las personas mayores y no autosuficientes que residan en residencias o acudan a centros de día no sean inmovilizadas ni sedadas para reducir su agitación. Así lo recoge el último borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigirán a los servicios de adicciones, donde el Ministerio de Derechos Sociales señala que en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de este texto, que aún se encuentra en negociación, los centros han puesto en marcha un plan de atención sin restricciones, que incluirá su «eliminación total y segura».

Sólo podrán utilizarse excepcionalmente, cuando no quede otra alternativa a un peligro que deba ser inminente. El documento también añade novedades respecto al borrador anterior, como el aumento de la plantilla en las residencias de mayores, la limitación a un máximo de 50 plazas en las de minusválidos (frente a 90 en las de mayores) y un plazo para la adecuación al nuevo modelo de los centros y servicios actualmente en funcionamiento: tendrán siete años, a excepción de los recursos públicos de gestión privada, en cuyo caso se preverá el vencimiento del contrato para implementar los cambios.

Una negociación compleja

La negociación es compleja y tripartita. Por un lado, el texto fue discutido con la mesa de diálogo social, que se reunió este viernes y en la que se sientan la patronal y los sindicatos. Por otro lado, con el diálogo civil, que reúne a asociaciones, familiares de usuarios y expertos del sector. Y, por último, con las comunidades autónomas, a las que se hará entrega de este último borrador para empezar a abordarlo con ellas y que, siendo las competentes en la gestión, tienen la clave para llevar a cabo este acuerdo. Por lo tanto, es probable que el texto sufra más cambios. El objetivo es que el pacto definitivo pueda alcanzarse durante este primer trimestre en el consejo territorial que aglutina a gobiernos regionales y derechos sociales.

La necesidad de un nuevo modelo de atención lleva tiempo sobre la mesa, y se ha acentuado tras la pandemia, al hacerse evidentes las debilidades del sistema. Muchas autonomías, de hecho, han realizado cambios normativos en esta línea. La tarea del gobierno es la coordinación y este documento establecerá un mínimo común para todos los servicios de dependencia que se presten en el país. El pacto anterior, de 2008, es mucho más conciso. El documento establece los requisitos para residencias, centros de día, asistencia a domicilio y asistencia remota.

Varias fuentes consultadas, familiarizadas con la negociación, expresaron su preocupación por la forma en que se financiarán estos cambios. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, integrante de la mesa de diálogo civil, considera fundamental que exista un análisis de los costos y un informe económico que garantice su implementación. Es la misma idea en la que insiste Cinta Pascual, presidenta de la patronal de empleados Ceaps. “Estamos a favor de una transformación, pero nos preocupa mucho la financiación”, dice.

No hay una partida específica para este acuerdo marco, pero la financiación estatal de la dependencia recibió una inyección de 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, la mayor desde que se aprobó la ley (más de 3.000 millones para la dependencia de fondos europeos, entre 2021 y 2023). Parte de esta financiación está ligada al cumplimiento de un plan de choque que, entre sus medidas, incluye la aprobación de este convenio sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios del sistema de adicciones.

Los borradores que han surgido hasta ahora siempre han enfatizado que los pacientes en el sistema de adicciones tienen derecho a recibir «atención libre de restricciones, ya sean físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas». No se conoce el número exacto de personas inmovilizadas en estos centros, pero según estimaciones de la confederación de asociaciones de mayores, Ceoma, podrían rondar las 55 mil. En las últimas semanas se conoce la muerte de dos ancianos inmovilizados en las residencias.

Este último texto establece que los planes para eliminar las limitaciones de los centros de día y residencias deberán ser aprobados por los servicios de inspección de las comunidades autónomas. Únicamente serán elegibles en situaciones “excepcionales y urgentes” en las que exista “peligro inminente” para los usuarios u otras personas y tras comprobar el fracaso de otras medidas alternativas, que deberán ser documentadas. Se enfatiza que se requerirá el consentimiento informado (ya es una obligación), el cual no puede ser genérico ni diferido en el tiempo. Será obligatorio informar a la Fiscalía, que emitió una instrucción el pasado mes de enero en la que pide a los fiscales reforzar el control sobre estas prácticas.

Que los centros se adapten a la persona

El documento propone un cambio de paradigma: que sean los centros y servicios los que se adapten a las personas, y no al revés. Lo que se denomina atención centrada en la persona, concepto con el que ya trabajan algunos servicios, aunque el panorama es muy dispar. Según el texto, todos los usuarios del sistema de adicciones contarán con un plan de atención personalizado, en el que se tendrán en cuenta sus preferencias y necesidades.

En las residencias de mayores, el tamaño máximo de los centros que se construirán tras la entrada en vigor del convenio se fija en 90 plazas, con un 65% de habitaciones individuales, y los ya existentes deberán adaptarse en un plazo de siete años, dividiéndose en unidades independientes entre ellas y hasta el 35% de las habitaciones individuales. En las residencias de minusválidos, el límite máximo será de 50 plazas. Esto se estableció en un primer borrador para todas las residencias, pero los empleados empleadores se quejaron de que sería insostenible. Habrá unidades de convivencia de hasta 15 personas que tendrán un funcionamiento de tipo doméstico, donde habrá cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un espacio exterior, como terraza o jardín. Deben estar ubicados en una zona urbana, favoreciendo las relaciones diarias con la comunidad.

En cuanto a las ratios, el ministerio propone, en primer lugar, que se calculen por jornadas completas y no por número de empleados. En segundo lugar, se habla de personal de asistencia directa de primer nivel -auxiliares y geriatras-, asistencia directa de segundo nivel -egresados ​​de las facultades socio-sanitarias- y asistencia indirecta, que incluye al resto de la plantilla.

A principios de febrero, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios Domiciliarios mostró en la mesa de diálogo civil su descontento con el borrador anterior, especialmente en cuanto a los informes. Las consideraron insuficientes y advirtieron que, calculando sobre el número de plazas ocupadas (aunque nunca se puede rebajar un 80%) y no sobre el total de plazas, podría ocurrir que hubiera centros que en 2023, con la propuesta que los auxiliares, iban a tener menos personal que el estipulado en el convenio de 2008. Este último borrador plantea esa propuesta.

El texto propone que los ratios aumenten en 2023, 2025 y 2027: de 0,35 a 0,43 para trabajadores geriátricos y cuidadores en residencias (es decir, 35 o 43 jornadas completas de personal de atención directa de primer nivel por cada 100 residentes), cifra para personas con discapacidad se situó en 0,42 en 2023 -en el texto anterior ya se preveía 0,50 en 2025-, y 0,50 en 2027.

Ese 0,43 implicaría, para una unidad en la que conviven 15 ancianos, que habría cinco trabajadores: dos en el turno de la mañana, dos en el turno de la tarde y uno en el turno de la noche. En atención directa global, es decir, incluyendo también a titulados como trabajadores sociales o enfermeras, se prevé que en 2027 llegue al 0,51 en residencias de ancianos y al 0,58 en personas con discapacidad.

Alejandro Gómez, consultor que ha estudiado la normativa regional -una de las patronales del organismo, Ceaps, publicó sus hallazgos en un estudio reciente-, asegura que el proyecto representa una mejora en los ratios sobre los promedios estatales, aunque a su juicio deberían diferir en tipos de adicción, ya que en el futuro habrá usuarios con necesidades de apoyo cada vez mayores. Los familiares siguen considerando insuficiente la nueva propuesta y piden equipararlos a los de discapacidad.

El documento también prevé al menos un inspector por cada 25 residencias (con independencia de que también tengan que supervisar centros de día u otros servicios sociales), en lugar de uno cada 30, como preveía el texto anterior. Los familiares habían pedido 1 de cada 15. Según datos recogidos el año pasado por EL PAÍS, solo tres comunidades (Asturias, Cataluña y Extremadura) superaban de media el umbral de 25 residencias por cada trabajador del servicio de inspección en ese momento. Se constituirá un grupo técnico de trabajo que, en el plazo de un año, definirá unos estándares comunes para medir la calidad de los servicios, cuyos resultados deberán hacerse públicos. Actualmente no existe tal cosa.

El anteproyecto también propone incluir a los familiares en las juntas de participación de los usuarios de la residencia, siempre que los residentes lo consideren oportuno. En cuanto a la atención domiciliaria, se indica que al menos el 5% de la jornada laboral de los auxiliares deberá dedicarse a tareas de coordinación y que el desplazamiento de los trabajadores no computará como tiempo de tratamiento, aunque forme parte de su jornada laboral.

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