El Parlamento andaluz da luz verde al plan para ratificar regadíos en Doñana con la inhibición del PSOE | Clima y Medio Concurrencia

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El Parlamento andaluz, con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y la sorpresiva abstención del PSOE, aprobó este miércoles el inicio de la redacción de una ley que legaliza 1.605 hectáreas de invernaderos de frutos rojos ubicados en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) y cuyos propietarios extraen agua del enorme y sobreexplotado acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados que da vida al parque natural.

Ni la carta amenazante enviada por la Comisión Europea a España en la que advierte de sanciones millonarias; ni el aviso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de que no autorizará ni una gota de agua porque no la hay; ni la petición de la UNESCO al gobierno español de cerrar pozos clandestinos y dar información sobre este plan; Ni la carta de la ministra para la Transición Ecológica enviada este martes al presidente del Gobierno, Juan Manuel Moreno, pidiéndole que «deseara» de una iniciativa «perjudicial» un parque declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994 fue capaz de frenar el primer paso hacia clasificar estas hectáreas como agrícolas regables. La oposición de todas las organizaciones ecologistas tampoco ha afectado.

El parlamento andaluz ha dado luz verde a dos proyectos de ley idénticos para legalizar los campos de fresas: uno firmado por PP y Ciudadanos; y otra, por PP y Vox. La duplicidad no tiene que ver con el contenido, sino con el escozor que sienten los ciudadanos cuando ven su firma junto a la del ultrapartido meses antes de las elecciones autonómicas, pese a haber pactado con él tres presupuestos, numerosas leyes y decretos.

Pero el hecho de que hayan avanzado no significa que vayan a ser aprobados, a pesar de que los grupos impulsores han pedido que se juzguen con carácter de urgencia, lo que reduce a la mitad todos los plazos. Según fuentes parlamentarias, si actuamos con el cronómetro en la mano, la propuesta podría convertirse en ley el primer mes de abril, pero el presidente de la Junta Directiva ya calculó el pasado lunes que el debate durará un año, plazo que excede al legislador, por lo tanto la iniciativa habrá flaqueado.

El vicepresidente de la Consejería y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se mostró este miércoles en contra de la vía de la emergencia al desvelar que desconocía que su grupo, que él preside, hubiera registrado esa clasificación. Marín dijo que no cree que la ley se apruebe en la última sesión de la legislatura (de febrero a junio) porque no habrá tiempo y que la iniciativa busca «abrir un debate necesario ante un problema». La misma idea fue transmitida por el Partido Popular. “Hay un problema que viene desde hace décadas de falta de definición de derechos en el territorio. Queremos soluciones a un problema, no crearlo”, aseguró el portavoz del PP, José Antonio Nieto, que se mostró dispuesto a no echarle el turbo a la tramitación parlamentaria. “Si hubiera que ir más despacio, no tenemos problemas”, dijo antes del debate.

El diputado del PP Manuel Andrés González negó que la iniciativa suponga una «amnistía» para los regadíos ilegales y que «no da derecho al agua, sólo a tenerla». La propuesta legislativa asegura que la calificación de estas 1.605 hectáreas como agrícolas de regadío “está condicionada en todo momento a la obtención de los correspondientes derechos de agua, que dependen de la existencia de los recursos disponibles”. Los defensores defienden la captación de aguas superficiales mediante un traspaso desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. Y para ello es necesario construir un depósito y un túnel, que no existen, para llevar agua a los invernaderos.

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Dudas hasta el último momento en el PSOE

“No se puede hablar de tierra sin hablar de agua y el problema es que no hay agua”, dijo Inma Nieto, portavoz de Unidas Podemos. Este diputado alertó de la «fractura social» que está generando este debate entre los agricultores con y sin permiso de agua de la región, y también de los efectos económicos que esta propuesta puede tener en la exportación de frutos rojos a Europa por sus dudas de trazabilidad. «No arengamos a la gente por unos cuantos votos más», apeló. «Hay una ideología en esto y no se va a poder hacer, están engañados», ha dicho Nieto dirigiéndose a los campesinos que seguían el debate desde la tribuna invitados por el PP.

Los diputados socialistas no supieron qué votar hasta prácticamente el mismo momento de la votación, lo que generó una gran confusión. Previamente se había producido un intenso debate en el grupo parlamentario en el que varios diputados defendían el voto en contra de la propuesta, mientras la dirección del grupo, que debía dar la orden, guardaba silencio ante sus diputados.

Para el PSOE andaluz la situación del regadío en Doñana es un gran lastre porque admiten en privado que la normativa de 2014 de la Junta de Andalucía presidida por el PSOE excluyó a algunos agricultores que, en su opinión, tenían derecho al uso del agua. Días atrás, los socialistas aprobaron en la Diputación Provincial de Huelva, donde tienen mayoría, una moción en la que se defienden dando «cobertura a las zonas no incluidas en producción en 2014 y que, sin haber cometido actos ilegales, pueden ser incorporado” en el Plan de regadíos de la provincia de Huelva y que afecta a cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado).

El portavoz socialista Mario Jiménez calificó de «gran engaño» la propuesta legislativa por la que acusó al presidente Juan Manuel Moreno de pura táctica electoral y está convencido de que la propuesta no saldrá en Boletín oficial del parlamento andaluz porque las elecciones se llevarán a cabo antes. Los socialistas apoyaron la revisión del plan, pero «desde el diálogo y el respeto a la ley» e ignorando el mensaje en contra de la iniciativa de la Comisión Europea, el Gobierno español, organismos internacionales y ecologistas. Fuentes socialistas han asegurado que han hablado con la dirección federal del partido.

La penetración de Vox en municipios y comarcas de fuerte arraigo socialista también influyó en su decisión de no oponerse. El voto negativo del PSOE, en cualquier caso, no habría impedido la aprobación, dado que PP, Cs y Vox tienen mayoría absoluta. Al término del debate, los portavoces socialistas se hicieron una foto de familia con los agricultores y con los diputados de PP, Cs y Vox que defienden la ampliación del regadío.

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