El Supremo ordena demoler todas las viviendas, el hotel y el campo de golf del enredado de abundancia de Valdecañas | Clima y Medio Círculo

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Vuelve a estar sobre la mesa el derribo de la macrourbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres). La Sección Tercera del Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra el auto de julio de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que acordaba conservar el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que se construyen y están en funcionamiento. “El Supremo anula este extremo y acuerda que se derriben como el resto de las obras e instalaciones cuyo derribo determinara el mismo orden de ejecución”, indica en una escueta nota el Consejo General del Poder Judicial. “El contenido completo de la sentencia se conocerá en los próximos días”, agrega el comunicado.

El complejo, denunciado por Adenex y Ecologistas en Acción por estar incluido en la red Natura 2000 [áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea], se encuentra a dos kilómetros de El Gordo (Cáceres), en una isla de 135 hectáreas rodeada por el embalse de Valdecañas. Cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, 185 villas -el 33% de las 565 previstas-, un hotel de cuatro estrellas, piscinas, playa artificial, 76 amarres y campos deportivos. En el auto ahora anulado por el Tribunal Supremo, el Superior de Extremadura decidió que todos estos edificios debían ser mantenidos debido al gran coste económico que supondría su derribo. Así, la Audiencia extremeña ordenó únicamente el derribo del esqueleto de hormigón de otro hotel que aparece al borde de la playa artificial y las viviendas sin terminar, pese a haber dictaminado previamente que el terreno debía volver a su estado natural.

En 2011 la Audiencia de Extremadura declaró “exactamente” que había que restaurar el medio ambiente y devolverlo a su estado inicial. Pero en julio de 2020, en el auto de ejecución de esa sentencia, decidió que no se tirara lo ya construido. Los magistrados lo justificaron diciendo que había que tener en cuenta el «alto daño económico» si las sentencias se hubieran cumplido en su totalidad. La Junta de Extremadura deberá hacer frente de buena fe a «al menos» 145 millones de euros por los gastos de derribo e indemnizaciones a terceros. Esta cifra es la suma del coste del derribo del edificio (casi 34 millones) y el «posible perjuicio económico» que se ocasionaría a los propietarios de las viviendas «que podría alcanzar los 111.000.000 de euros».

Fue entonces cuando los ambientalistas recurrieron a la Corte Suprema porque esta decisión anteponía los criterios económicos a los ambientales. Ángel García Calle, abogado y coordinador de Acción Ecologistas en Extremadura, cree que el derribo total ordenado por el Tribunal Supremo es «coherente» con sentencias anteriores que así lo establecían, pero recuerda que aún no se ha publicado la sentencia completa.

En todo el laberinto judicial por el que discurrió la construcción de la urbanización que contó con el visto bueno del Gobierno regional, el Tribunal Constitucional declaró en 2019 inconstitucional el artículo que se incluía en la ley del suelo y que permitía a la Junta de Extremadura aprobar el proyecto.

“Al final todo esto se podría haber evitado, si se hubiera detenido antes, porque es triste que digamos desde el principio que es ilegal y que no se debe escuchar”, dice el abogado García Calle. Están satisfechos «pero no al cien por cien» porque también se ponen «en la piel de los dueños». “Aunque sabían lo que compraban porque estaban demandados desde 2007, incluso firmaron un documento en la escritura de compraventa exonerando a la promotora si se hubiera dado la situación actual”, añade el abogado. Los propietarios podrían presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque los ecologistas creen que «tendrán poco recorrido, porque no se han vulnerado derechos fundamentales».

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