Encargo del retiro: por qué Nueva Zelanda está redactando una nueva ley para permitir que las comunidades se alejen de los riesgos climáticos

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Catherine Iorns, Te Herenga Waka – Universidad Victoria de Wellington

La revisión recientemente anunciada por el gobierno de la legislación ambiental clave dará como resultado una nueva ley que se centrará únicamente en la adaptación al cambio climático.

La Ley de Gestión de Recursos (RMA), de 30 años de antigüedad, fue revolucionaria cuando se aprobó en 1991, la primera en el mundo que se basa en el concepto de gestión sostenible. Pero ha sido objeto de muchas críticas y enmiendas, desde todos los puntos de vista.

Por un lado, no protegió lo suficiente el medio ambiente, permitiendo la degradación de las vías fluviales y la pérdida de la biodiversidad nativa. Por otro lado, sus procedimientos son lentos y engorrosos, lo que dificulta el desarrollo. También se le culpó en parte por la actual escasez de viviendas en Nueva Zelanda.

En este documental, dirigido por Magnolia Lowe, el autor cubre las cuestiones legales que rodean al agua, desde el cambio climático hasta la contaminación.

Una extensa revisión independiente de la legislación recomendó reemplazar la RMA con tres nuevas leyes separadas, con una centrada en la adaptación climática.

Quizás lo más significativo es que la revisión recomendó un nuevo fondo gubernamental para pagar la jubilación administrada, para garantizar mejor que el cambio se produzca de manera justa y constante en Aotearoa, Nueva Zelanda.

Demandado si lo hace y demandado si no lo hace

Las leyes vigentes tanto en Australia como en Nueva Zelanda dificultan la adaptación a los efectos del cambio climático.

La Comisión Australiana de Productividad descubrió ya en 2012 que la ley era un obstáculo para la adaptación efectiva al cambio climático. Es significativo que los gobiernos locales sean responsables de las medidas de adaptación, pero sus capacidades y responsabilidades precisas no son lo suficientemente claras.

Por lo tanto, enfrentan un “dilema de responsabilidad” en el que son demandados si actúan y demandados si no lo hacen. El miedo a ser demandados les impidió tomar medidas y, para algunos ayuntamientos, la preocupación por la rendición de cuentas se describió como el problema más importante por resolver.

La investigación en Nueva Zelanda encontró lo mismo: las autoridades locales de Nueva Zelanda fueron demandadas cuando tomaron medidas para adaptarse al cambio climático y demandadas cuando no actuaron con la valentía suficiente. El miedo a la rendición de cuentas también ha impedido que el gobierno local de Nueva Zelanda tome medidas que saben que son necesarias.

Las directrices para la adaptación al riesgo costero emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente han ayudado pero no son suficientes.

La devolución de las medidas de cambio climático al gobierno local ha inhibido la planificación estratégica nacional del territorio. Shutterstock / Krug

Barreras y brechas para una adaptación efectiva

No es solo el miedo a la responsabilidad, hay muchas barreras legales que dejan a las autoridades locales inseguras sobre lo que pueden y no pueden hacer. En algunos casos, se les prohíbe legalmente hacer lo que tienen que hacer.

En 2019, un gran estudio de Nueva Zelanda identificó numerosas barreras y lagunas en la ley y recomendó muchos cambios en la legislación relevante, principalmente RMA.

La RMA incluye varias barreras para la adaptación en general y para la retirada gestionada en particular. Por ejemplo, no siempre está claro quién es responsable de tomar medidas particulares de adaptación climática, ya sea construir presas de roca, imponer condiciones a los permisos de construcción para garantizar la resiliencia futura o simplemente revisar dónde se pueden construir viviendas y otras estructuras frente a mayores riesgos derivados del aumento del nivel del mar.

Incluso cuando la rendición de cuentas es clara, es posible que la amplitud de poderes no sea clara o que no se defina la medida más adecuada o que deje demasiada flexibilidad sobre lo que se debe hacer.

También existen fuertes barreras a las medidas de adaptación que involucran interferencia con los usos de la tierra existentes y permitidos. En algunos casos, no parece posible obligar a los terratenientes a alejarse de la costa ante el aumento del nivel del mar. Si se mudan, no está claro si tienen derecho a una compensación y, de ser así, quién debería pagar.

Otra investigación centrada únicamente en la gestión de los usos existentes (sobre todo la retirada) también ha encontrado que la ley debe cambiar si queremos permitir que el gobierno tome las medidas necesarias para que las comunidades se adapten al cambio climático.

Incluso la ley debe cambiar si queremos hacerlo de una manera justa y digna y sin transferir riesgos y cargas a los más vulnerables.

Reforma de la ley

La RMA es una enorme ley de 836 páginas. Rige la mayoría de los usos de la tierra, los recursos naturales y el área marina costera de Nueva Zelanda. Proporciona políticas y estándares nacionales, regionales y locales.

Pero la devolución al gobierno local ha inhibido la planificación estratégica nacional para el uso de la tierra. Por ejemplo, las ciudades han sacrificado las mejores tierras para la producción de alimentos por viviendas en el borde urbano. Es importante destacar que la RMA no predijo los crecientes riesgos del cambio climático.

El Grupo de Reforma de la RMA ha hecho varias recomendaciones para corregir las barreras a la adaptación climática, que incluyen:

  • Dirección Nacional Obligatoria de Medidas de Adaptación Climática
  • planos espaciales que incluyen disposiciones para la adaptación
  • financiación para permitir la retirada gestionada
  • regímenes de planificación flexibles
  • y el poder de modificar los usos y permisos de la tierra existentes.

Todavía no hay suficientes detalles para evaluar cómo se logrará este objetivo. El Ministerio de Medio Ambiente está evaluando actualmente con precisión cómo redactar estos nuevos estatutos.

Pero esta podría ser otra primicia mundial: leyes para proporcionar adaptación climática, incluido un fondo que permita a las comunidades gestionar su retirada de los riesgos climáticos. Nueva Zelanda es pequeña y a menudo experimenta con nuevas ideas e iniciativas. Este puede ser uno que Australia debería considerar.La conversación

Catherine Iorns, profesora de derecho, Te Herenga Waka – Universidad Victoria de Wellington

The Conversation volvió a publicar este artículo con una licencia Creative Commons. Lea el artículo original.

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