Hospital de Torrevieja: La batalla por devolver un hospital a la sanidad pública | Sociedad

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Hace exactamente un año, la consejera de Salud Universal de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, anticipó un secreto de Pulcinella. El Gobierno regional ha abierto el proceso de cancelación de la concesión del departamento de salud de Torrevieja (Alicante), que el sábado 16 de octubre pasará a ser gestión pública, tras haber finalizado el contrato con la empresa que lo gestiona desde hace 15 años, Torrevieja. Salud. Ahora, 12 meses después, el juicio se ha convertido en la crónica de una batalla campal entre los dos bandos. Barceló asegura que Ribera Salud, la sociedad matriz que creó las concesiones sanitarias público-privadas en la Comunidad Valenciana, ha desmantelado el hospital que pertenece a la zona y no ha dejado de obstaculizar los trámites de reversión, de los que no ha facilitado ninguna información. La empresa ha intentado detener la pérdida del centro de salud en los tribunales, en repetidas ocasiones, sin éxito. En vísperas de la movida, la incertidumbre sigue reinando y demuestra lo complicado que es desmantelar la red de concesiones sanitarias patrocinadas por el Partido Popular.

Torrevieja es el segundo departamento de salud que vuelve a la sanidad pública después de Alzira (Valencia), el hospital que dio nombre al modelo de concesión. Ambas reversiones forman parte del programa Botànic II, el acuerdo que acercó la presidencia de la Generalitat al PSOE con el apoyo de Compromís y Podem. Estableció «la recuperación de los servicios públicos privatizados una vez vencida la concesión». La de Alzira tuvo lugar en marzo de 2018 y el balance de Barceló constata que, un año después, han crecido puestos de trabajo, inversiones en equipamiento y prestación de servicios. Ahora llega el de Torrevieja y, si no hay cambios en el ejecutivo valenciano, previsiblemente se repetirá la misma situación y posteriormente en los departamentos alicantinos de Denia y Vinalopó (Elche), también gestionados por Ribera Salud. En los dos primeros casos se reprodujo el mismo campo de batalla. La consultoría se ve obligada a desarrollar procedimientos fuera del proceso porque la empresa se reserva toda la información hasta el final. Y los equipos legales de ambos lados luchan sin descanso.

La Sanidad se ve obligada a avanzar a ciegas y al margen de las oficinas para saber qué encontrará. Ribera Salud ni siquiera ha cedido una habitación dentro del hospital al comisario, José Pérez, la figura que actúa como nexo entre la Generalitat y la empresa privada. Y, según fuentes sindicales que prefieren permanecer en el anonimato, lo que encontrarán es una «situación caótica». De los aproximadamente 1.600 trabajadores que prestaron servicios en el hospital y centros de salud repartidos en 100 municipios de la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante, 200 rescindieron sus contratos el 30 de septiembre y no fueron renovados. «Y este 15 de octubre esperamos que se despidan muchos más», pronostican las fuentes consultadas. El miércoles, el ayuntamiento comenzó a llamar a los posibles empleados que deben cubrir las pérdidas que se produzcan, para garantizar la asistencia a una población estimada de 180.000.

Los que tenían contrato en curso tenían que facilitar sus datos al comisario en mano, en una oficina alquilada en Torrevieja. «El consejo pidió al comité de empresa que informe a los trabajadores para que entreguen sus trámites», dicen fuentes sindicales, para poder tramitar su nómina y puestos de trabajo. “Desde junio hasta hoy”, prosiguen, “los empleados han tenido que aportar las credenciales de su categoría profesional, su cédula de identidad, su vida laboral e incluso sus datos bancarios para poder ingresar sus nóminas”. El proceso fue lento y tortuoso, ya que Ribera Salud hizo todo lo posible para mantener el control del área de salud. Pero todo eso cambió el 28 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) aprobó el procedimiento emprendido por Sanidad para tomar las riendas de Torrevieja. Era la quinta vez que validaba tanto la rescisión del contrato como las reglas establecidas para la reversión. «Ese día la plantilla se calmó», dicen las fuentes, «porque hasta entonces no sabían si la empresa seguiría liderando».

Una de las entradas al hospital de Torrevieja este jueves. MORELL (EFE)

Incluso a partir de ese día la jerarquía hospitalaria comenzó a moverse. También se dijo que 17 jefes de servicio habían abandonado el centro de salud. De hecho, la mayoría de ellos prestaron servicios tanto en Torrevieja como en el hospital del Vinalopó, medida con la que la compañía ha reducido costes. Son «sinergias», según el nombre del sindicato. “Algunos no eran jefes de servicio, sino trabajadores externos especializados que no existían en la cartera de Torrevieja y que cobraban por alguna asistencia”. Tras el coche del TSJCV, «algunos se quedarán», confirman.

En una comparecencia ante los medios de comunicación el 8 de octubre, Ana Barceló también denunció el «desmantelamiento» de las instalaciones. Y señaló que un equipo de tomografía axial computarizada (TC) cuyo «alquilar o arrendamiento«Se acabó» estaba a punto de continuar «en el centro. Las fuentes consultadas señalan que el suministro no se agota y que los comercios del centro, como la farmacia, aún están surtidos.

Sin embargo, algunos de los servicios se han cerrado. «En los últimos 15 días», explican, «se cerró un establecimiento de Cirugía General, con 30 camas, medio piso compartido por Pediatría y Maternidad, con 10 camas, y tres boxes de los 18 que estaban en cuidados intensivos», que Llegó a 21 a la altura del covid. También aseguran que “han cerrado las citas y reducido al mínimo las visitas ambulatorias, así como la actividad programada del quirófano y del personal de urgencias”.

Mientras tanto, Ribera Salud, que acaba de denunciar a Sanidad a la Guardia Civil por presuntamente acceso ilegal a su sistema informático desde la comisaría, presentó este jueves sus cifras y califica al departamento que debe entregar como «el mejor de la Comunidad Valenciana según el dato oficial de la Generalitat ”. En opinión de José David Zafrilla, gerente del área, la concesión“ se cierra con excelentes indicadores de salud y gestión ”, lo que demuestra, a su juicio, que los retrocesos como el de Alzira son” un verdadero fracaso ”, con“ el deterioro del servicio, el aumento de listas de espera, el deterioro de las infraestructuras y un mal clima laboral ”.

El modelo Alzira nació en 1997 con las obras del hospital del municipio que le da nombre, impulsadas por el PP entonces liderado por Eduardo Zaplana. Se basa en una concesión administrativa mediante la cual una empresa construye y administra los baños y contrata personal que no forma parte del personal administrativo. A cambio reciben una tarifa, la cápita, estipulada por la población atendida. Este modelo fue importado por Esperanza Aguirre en Madrid, comunidad donde Ribera Salud sigue gestionando el hospital de Torrejón. También opera centros en Galicia, Extremadura, Murcia y, fuera de España, en Perú.

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