La Fiscalía del Estado toma las riendas de la investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia | Sociedad
El Fiscal General del Estado ordenó este lunes a los 17 fiscales superiores de toda España que le transmitan en un plazo de 10 días todas las actuaciones penales (quejas y denuncias) en curso relativas a agresiones y abusos sexuales a menores en congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. . Todos «iniciados tanto en juicio como en fiscalidad», según el documento al que tuvo acceso EL PAÍS. Con esto la Fiscalía pretende hacer una radiografía del problema de la pederastia dentro de la Iglesia. Este mandato sin precedentes supondrá una investigación exhaustiva en un breve espacio de tiempo, ya que los registros de este tipo de juicios en los informes anuales nunca especifican si el delito se cometió dentro o fuera del ámbito religioso. El cobro que harán los fiscales no representará todos estos delitos, ya que algunos de ellos no llegan a la justicia civil, sino que se educan en juicios eclesiásticos. Son los obispos y superiores de órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de emitir indemnizaciones o silenciar lo sucedido.
La petición del ministerio público llega en medio del escándalo de pederastia que vive la Iglesia española después de que EL PAÍS entregara al Papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dossier con 251 casos sin denuncia previa de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores religiosos laicos. La labor periodística, iniciada en octubre de 2018, impulsó a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu a solicitar la semana pasada al Congreso la creación de una comisión para investigar estos delitos. Este martes se decidió admitir la iniciativa a juicio para ser discutida en el pleno de la Sala.
No es la primera vez que la Administración intenta recabar datos. En enero de 2019, el Gobierno solicitó a la entonces Fiscal General del Estado, María José Segarra, que le informara de las diligencias abiertas en los tribunales por casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia, tanto en parroquias dependientes de la diócesis como en colegios de religiosos. congregaciones. . Un mes después, el Ministerio de Justicia, cuando Dolores Delgado estaba en el cargo, solicitó a la CEE que le informara de los casos de los que tenía conocimiento, gesto que enfermó a la jerarquía eclesiástica. Y de hecho no contestaron.
Meses después, en junio del mismo año, el Ministerio Público remitió una carta al Ministerio de Justicia explicando que sus expedientes informáticos sobre los procesos abiertos por agresión o abuso sexual a menores no permiten discriminación por el hecho de haber sido cometidos dentro de instituciones religiosas u otros lugares, y únicamente detallar al ministerio los datos generales de los abusos que se hayan registrado en España. Para conocer estos casos era necesario iniciar una revisión como la que ordenó este lunes la Fiscalía: que cada Fiscal Provincial investigue cada uno de sus expedientes.
Pese a la falta de cifras, las conclusiones de la Fiscalía en este documento fueron contundentes: destacó la «opacidad» de la Iglesia e instó al Gobierno a movilizarse y tomar medidas. En el documento, sugirió al Ejecutivo la creación de comisiones de investigación similares a las que habían establecido países como Australia u Holanda, integradas por grupos de expertos independientes y que llevan años investigando estos crímenes. En ellos se abrieron canales para que las víctimas dieran su testimonio, se realizaron miles de entrevistas y se entregó un completo informe final. Posteriormente, las víctimas fueron indemnizadas.
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