Ley de la Ciencia: La comunidad científica pide al Gobierno que concrete su promesa presupuestaria | Ciencia

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La ministra de Ciencia, Diana Morant, interviene en el congreso del PSPV del 4 de febrero.Jorge Gil (Europa Press)

La comunidad científica ha recibido con la misma esperanza y recelo el sorprendente anuncio a EL PAÍS de la ministra de Ciencia, Diana Morant, de amparar por ley un incremento estable y constante de los fondos públicos para la investigación. Una medida tan codiciada por un sector agobiado por la precariedad, la falta de fondos y una burocracia paralizante. Morant quiere que la nueva ley de la ciencia -el borrador que se prevé aprobar hoy en el Consejo Extraordinario de Ministros- contenga el compromiso de que la ciencia pública incremente cada año su presupuesto hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030. -actualmente está en el 0,58%- con la esperanza de que el sector privado también aumente su contribución hasta el nivel total recomendado por la UE, que asciende al 3% del PIB. El problema es que no se sabe cómo se implementará el plan.

El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso esta revista, recoge así el objetivo en su disposición adicional sexta de «marco presupuestario plurianual»: «La elaboración de los presupuestos de los agentes públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación se dentro de un marco presupuestario de medio plazo, compatible con el principio de anualidad que rige en la aprobación y ejecución de los estados financieros, con el objetivo de que la financiación pública en I+D+i, de acuerdo con la normativa europea, aumente periódicamente hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030”. El texto añade que “este incremento estará en todo caso condicionado por el presupuesto disponible para cada año”. Tras la aprobación del proyecto de hoy, la ley iniciará su trámite parlamentario, en el que la ministra de Ciencia , Diana Morant, pide a los partidos el apoyo de la mayoría.

Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE), que agrupa a 84 de estas asociaciones y 44.000 investigadores, señala: “Es una medida que nos encanta, pero hay que saber cómo se va a materializar este aumento de presupuesto. «

Según el análisis científico del presupuesto para 2022 que ha realizado esta organización, el aumento presupuestario descrito por Diana Morant no es tan espectacular como parece. El gasto total en investigación, desarrollo, innovación y digitalización -la llamada política de gasto 46- asciende a 13.300 millones de euros, un 7,62% más que en 2021. Pero si a esa cifra de recuperación se le restan los fondos del plan en la Unión Europea el aumento es sólo del 3,77%, según la COSCE. “De todos estos fondos, más de la mitad son financieros, préstamos de los que más de las tres cuartas partes no suelen gastarse”, advierte Wahnón. “La ministra debería decir si el aumento presupuestario que quiere amparar por ley es a base de estos fondos o con subvenciones”, subraya esta física cuántica, especialista en el estudio de nuevos materiales para paneles solares de alta eficiencia.

Los grandes clubes de fútbol españoles pueden fichar a los mejores jugadores del mundo, pero el sector público no puede atraer a los premios Nobel

Perla Wahnón, presidenta del Cosce

Wahnón también cree que la reforma de la ley científica «debería ser más ambiciosa». Uno de los aspectos más controvertidos es el retorno de científicos españoles emigrados y también la contratación de científicos de otros países muy competitivos, apunta el presidente de la COSCE. “Seguimos teniendo un problema muy serio para atraer a estos científicos porque es casi imposible que nuestro sistema científico valide su plan de estudios y experiencia en el extranjero. Hemos hecho un análisis de todas las leyes que habría que cambiar para hacer esto y hay al menos diez de ellas. Estas normas de contratación pública no tienen en cuenta el carácter excepcional de la actividad científica. El resultado es que los grandes equipos del fútbol español pueden fichar a los mejores jugadores del mundo, pero el sector público no puede atraer a los premios Nobel”, dice.

La comunidad científica está a la espera de la nueva figura del investigador ilustre, un contrato especial creado por la ley científica en 2011 que no se ejecutó correctamente y que no consiguió su objetivo: que España pudiera traer investigadores de alto nivel.

La medida también suena muy bien desde el sector empresarial. “Es un objetivo legítimo; todo lo que suponga consolidar incrementos presupuestarios gracias a fondos europeos está bien”, dice Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la innovación. “En cualquier caso, vincular el aumento al PIB tiene sus riesgos. Por ejemplo, la cantidad dedicada a I+D+i ha aumentado en el último año, pero hasta la mitad de ese aumento se debe únicamente a que el PIB ha disminuido. Si esto vuelve a ocurrir, nos acercaremos al objetivo de forma artificial, porque el aumento real no será tan alto y si crece será más difícil alcanzarlo”, añade.

Un tema controvertido en la nueva ley es el reconocimiento de los méritos y salario de los investigadores españoles en el extranjero que quieran volver a España. Por el momento, la ley no ha hecho caso a sus súplicas, por lo que un científico que lleva años o décadas trabajando en las universidades o centros de investigación más prestigiosos del mundo tendrá menos reconocimientos y salario que alguien que nunca se ha ido. “Esta medida penaliza a todos aquellos que siguieron el itinerario trazado por el Estado, porque para ser considerado científico competitivo había que pasar varios años de investigación en el extranjero”, advierte Elisa Fernández, portavoz del sindicato CC OO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Llevamos meses denunciando esta medida porque fomenta la consanguinidad al dar más valor a los que se quedan”, subraya. Fernández plantea otra preocupación al Ministerio de Ciencia: «Aumentar la financiación pública en función del PIB suena bien, pero ¿qué pasará si este u otro Gobierno no cumple, habrá una sanción?».

Igualmente importante es la red Raicex de investigadores españoles en el exterior, con 4.000 asociados. “Es inaceptable que no haya igualdad de condiciones entre los investigadores que han trabajado en el extranjero y los que lo han hecho en el sector público español”, dice Francisco Vilaplana, profesor asociado del Real Instituto Sueco de Tecnología y secretario de este colectivo. “Sabemos que el Ministerio de Ciencia está tratando de solucionar este problema y esperamos que la versión final de la ley lo corrija”, añade.

La Federación de Jóvenes Investigadores ha acogido con entusiasmo las nuevas propuestas contenidas en el proyecto de ley. “Esta reforma tiene muchas luces y si va acompañada de un aumento de los presupuestos de investigación es aún más positiva”, explica Vanesa Nozal, investigadora de nuevos fármacos contra el alzhéimer y la esclerosis en un centro del CSIC y presidenta de la organización. Sin embargo, subraya que el aumento del presupuesto debe convertirse en dinero gastado. El investigador también apunta a cierta sombra en el paisaje de los jóvenes científicos. “Ahora mismo hay multiplicidad de llamadas y contratos ya cada uno se le cobra una cantidad diferente. ¿Cómo explicará el Gobierno esto a los investigadores que están pensando en volver a España?”, subraya.

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