María Sevilla, expresidenta de Infancia Disponible, cumple ya condena en un centro de inserción social por sustracción de menores | Sociedad

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María Sevilla, que fuera presidenta de la Asociación Infancia Libre, ingresó este lunes en un centro de integración social para cumplir su condena, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y la revocación de la patria potestad de su hijo, que actualmente tiene 14 años, por cuatro años. Sevilla retuvo al bebé durante más de un año y ocultó dónde estaba para evitar que el parto se lo entregara a su padre, que estaba bajo custodia desde finales de 2017 y a quien acusa de abuso sexual del niño. La Justicia no ha dado por probados estos abusos y su ex pareja, Rafael Marcos, siempre los ha negado. Sevilla, que asegura haber actuado para proteger a su hijo, fue detenida en marzo de 2019. Actualmente está a la espera de la decisión del Gobierno sobre el indulto que solicitó en diciembre pasado y que cuenta con el apoyo de 181 colectivos sociales, entre ellos reconocidas organizaciones feministas.

La citación para ingresar voluntariamente en prisión se produjo unos meses después de que el Supremo desestimara su recurso y un tribunal rechazara su petición de esperar a que el Ejecutivo decidiera sobre su indulto antes de ingresar en prisión. Los centros de integración social son centros penitenciarios para personas privadas de libertad que se encuentran cumpliendo su condena en régimen abierto o que se encuentran en proceso de reinserción. Fuentes penitenciarias indican que Sevilla está a la espera de clasificación para determinar si comienza a cumplir la pena en segundo grado (régimen cerrado) o en tercer grado (semilibertad). Mientras tanto, según Consuelo Álvarez, de la Federación de asociaciones de mujeres y menores resilientes ante la violencia de género, una de las organizaciones que piden una medida de indulto, está clausurada en un centro madrileño. El Ministerio de Justicia está estudiando su pedido de indulto, que fue registrado en diciembre pasado.

El inicio de la causa se remonta a 2012, cuando la Fiscalía inició las diligencias después de que Sevilla, durante el proceso de familia en el que se iba a decidir la custodia, hubiera declarado que su madre le había dicho que la menor había denunciado malos tratos por parte del padre. Así comenzó un larguísimo proceso judicial que dura hasta el día de hoy. El procedimiento de abuso fue desestimado. Sevilla sigue pendiente ante el Tribunal Constitucional, al que recurrió tras interponer una denuncia por abusos que había interpuesto en 2020, «tras recibir informes médicos», porque cree que la declaración del hijo no contaba con garantías suficientes.

Detención en Cuenca

En cuanto al caso familiar, en noviembre de 2016, cuando se cerró la causa penal, se otorgó la custodia a Sevilla, con un régimen de visitas al padre en fines de semana alternos que no entró en vigor. En diciembre de 2017, después de que la madre hubiera traído al niño desde Madrid a Granada y no hubiera respetado las visitas, se concedió a Marcos.

El juzgado que en 2020 la condenó en primera instancia por secuestro cree que no entregó la menor a su padre, «manteniendo oculto su paradero tanto a él como al propio juzgado, que obtuvo cambiando su domicilio y el de la menor». por diferentes motivos. puntos de España». Terminaron en una finca de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca. La madrugada del 30 de marzo de 2019, la policía ingresó a la casa, la detuvo y se llevó al niño, quien desde entonces vive con su padre. Marcos no lo veía desde 2016.

Ha habido un estallido mediático desde la detención en Sevilla. A los pocos meses, los casos de otras tres madres vinculadas a Infancia Libre -asociación para la defensa de los derechos de los menores- fueron detenidos o llamados a declarar como parte de una investigación tras las denuncias de los padres, quienes dijeron que habían retenido sus hijos en brazos y las acusó falsamente de abuso sexual utilizando informes elaborados por los mismos profesionales, quienes avalaron dichos abusos. La unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla acudió a acusar a esta entidad de «organización criminal», pero la Fiscalía Provincial de Madrid desestimó el caso al no apreciar los datos objetivos que habrían asegurado que funcionaba como una organización ilegal. organización.

El Sevilla asegura haber defendido siempre el bienestar de su hijo. El 1 de febrero, en una rueda de prensa con organizaciones feministas pidiendo su indulto, esta mujer criticó el accionar de la justicia. “La verdad es que cada vez que pedíamos protección para mi hijo y pedíamos ayuda o asistencia judicial, nos negaban y castigaban y aplastaban por pedir”, explicó. Dijo que no tenía miedo de ir a la cárcel, pero que su hijo “sigue en una situación de riesgo y de desprotección absoluta”.

Marcos, el padre del niño, destaca que los «informes oficiales» lo respaldan y que el niño se encuentra bien. “Tiene 14 años y puede decir lo que le está pasando. Y con todas las veces que hemos pasado por los servicios sociales o la institución, su psicóloga… alguien habría visto algo. Nadie reportó nada”, dijo hace unos días al teléfono desde la provincia de Málaga, donde se trasladaron durante la pandemia, un traslado avalado por la justicia el año pasado. Sevilla impugnó este auto, en el que también se negaba la custodia del niño a la abuela materna, como ella misma había pedido, al considerar que el niño sigue en riesgo. El niño declaró durante este juicio que quería vivir con su padre, según consta en los registros. Hasta el momento el Sevilla ha visto a su hijo en fines de semana alternos en un punto de encuentro, primero en Madrid y luego en Málaga.

Marcos, que presentó una denuncia contra el Sevilla por falsedad documental, se opone a la medida de clemencia: “Todos los actos judiciales que hemos visto están de acuerdo conmigo. Pedir perdón me parece completamente injusto”.

181 organizaciones lo defienden, y de manera «urgente». Estos incluyen grupos feministas como Themis Women Jurists Association y la Federación de Mujeres Progresistas. En la rueda de prensa de este mes, los portavoces comentaron que el caso Sevilla no es aislado y criticaron que los tribunales sigan aplicando el síndrome de alienación parental, a pesar de que la ley de protección de menores evita la creencia de que un padre manipula a uno. niño contra otro, volviéndolo contra ellos. Las instituciones denuncian la falta de credibilidad otorgada a quienes denuncian y en contra de la “criminalización de las madres protectoras”. Apoyan sus argumentos con la dura reprimenda lanzada recientemente a España por un grupo de expertos independientes de la ONU, que consideran que el sistema judicial no protege suficientemente a los menores de los «padres abusivos». La respuesta oficial de España a este procedimiento es que «no se puede aceptar» que «errores aislados» puedan conducir a una «conclusión general».

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