Patronales de la dependencia recurrirán a la neutralidad europea si no se equipara al 4% el IVA de todos los servicios | Sociedad
Tres empresarios de la agencia mostraron su voluntad de apelar a la justicia europea este lunes si el PSOE no «levanta el veto» sobre la enmienda a los presupuestos generales del estado, que pide un tipo de IVA del 4% sobre todos los servicios. Quieren acabar con lo que ven como «una injusticia histórica». Actualmente, quienes pagan un centro de día o una residencia de su propio bolsillo se llevan una tasa del 10%, frente al 4% de los servicios públicos y concertados. Según las empresas que operan en el sector, esto puede implicar que una persona con plaza en una residencia privada asuma un coste de más de 100 euros mensuales superior al que se asociaría a una tarifa hiperreducida. «Aún nos quedan 10 días para la revocación del veto, pero es cierto que si esto no sucede, no nos quedará más remedio que tomar otras acciones», explicó el presidente de la Atención al Pueblo (Ceaps). este miércoles en rueda de prensa., Cinta Pascual. Estaba dispuesta a utilizar todas las vías posibles, como dijo.
A la rueda de prensa acudieron tanto Pascual, como el presidente de la Federación de Asuntos de Adicciones (FED), Ignacio Fernández-Cid, y el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios de Adicciones (AESTE), las tres principales asociaciones empresariales a las que se suman. empresas del sector residencial, aunque todas también prestan servicios de atención domiciliaria o guarderías, entre otros. Para reclamar este cambio firmaron un manifiesto, promovido por Ceaps, junto a los representantes de «más de ocho millones de pensionistas y pensionistas». Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y las Adicciones (CEDDD). Pascual precisó que no se trata de «impuestos», sino de «justicia».
Como explicó Pascual, si los empleados que están a la espera de obtener una plaza pública o concertada en una residencia se dirigen a un lugar privado mientras esperan, tienen que pagar un precio medio de 1.777,62 euros al mes, más el 10% de IVA, una cantidad superior que la pensión media en España, que es de 1.170,96 euros – a diciembre de 2020. Esta situación no debería darse «si se respetase la ley», según la cual el dependiente debe recibir el servicio o prestación solicitada en un plazo máximo de 180 días. Sin embargo, «lleva una media de 438 días», criticó Pascual.
«Injusticia social»
Por tanto, mientras esta situación no cambia, los firmantes del manifiesto piden corregir lo que consideran «una injusticia social»: que estas personas deban pagar el 10% de IVA por estos servicios privados cuando por un servicio idéntico contratado en el público o en el acordó que esta tarifa es del 4%. Aseguran que esta diferencia puede llegar hasta 120 euros más al mes, si la residencia cuesta 2.000 euros (con la tarifa del 10% serían 200 euros y con el 4% serían 80 euros). Los representantes de los tres empresarios han «esperado» que el PSOE cambie de opinión y que la enmienda presentada por el PP, ERC y PDeCAT se pueda finalmente someter a votación y seguir adelante.
Si no es así, anuncian que acudirán a los tribunales. «Si nuestra solicitud de enmienda no es aceptada esta semana, iremos a la justicia europea», dijo el secretario general de AESTE, Jesús Cubero. El presidente de la Federación de Empresas de la Agencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, expresó la misma línea, destacando que la situación actual es «claramente discriminatoria».