Refriega al plástico, dos impuestos y agua graciosamente en los bares: ¿por qué España necesita una nueva ley de residuos? | Clima y Medio Animación

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El Congreso aprobó la nueva ley de residuos este jueves, que se espera ayude a España a enderezar el rumbo de su gestión de residuos. Porque el país tiene un problema con sus residuos y el mal tratamiento de residuos que se hace en España desde hace años en España está en la mira de la Comisión Europea. La UE estableció objetivos de reciclaje para 2020 hace más de diez años: se espera que todos los miembros alcancen ese año con una tasa de reciclaje del 50% para los desechos municipales. Pero España se mantuvo en el 36% el año pasado, según datos de Eurostat. Lejos de flexibilizar sus objetivos para los próximos años, Europa se ha fijado objetivos aún más estrictos que deberían alcanzar el 60% en 2030 y el 65% en 2035.

Para intentar conseguir estos objetivos y trasponer las nuevas directivas europeas sobre residuos a la legislación española, se ha redactado esta ley, que incluye dos nuevos impuestos: uno para reducir los envases de plástico de un solo uso y otro para penalizar el almacenamiento de residuos. en vertederos de todo el país, que comenzarán a aplicarse en principio dentro de un año. Además, la ley también supondrá que desde su entrada en vigor se prohibirá la comercialización de determinados utensilios plásticos de un solo uso como pajitas, vasos y platos, y se prohibirá la adición de microplásticos a los cosméticos o productos de limpieza. La ley también establece la obligación de los bares de ofrecer gratuitamente agua sin embotellar a los clientes, la promoción de la venta al por mayor en grandes áreas comerciales y ofrece protección legal a los municipios para que puedan prohibir fumar en las playas.

La ley pasó a votación en el Congreso por 182 votos a favor, 88 abstenciones y 70 en contra. La regla continuó gracias al apoyo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y Mas País, entre otros. El PP se abstuvo y Vox y los separatistas catalanes de ERC, PDeCAT y CUP votaron en contra. Ahora la ley irá al Senado para su ratificación, lo que sucederá a principios de 2022 y donde aún podría insertarse una enmienda de última hora. España ya se está quedando atrás en algunas medidas, como el veto a las pajitas y los cubiertos de plástico, que deberían haber comenzado a aplicarse en julio de este año. Pero el problema más preocupante son las bajas tasas de reciclaje, que la Comisión ha estado siguiendo de cerca durante años. Bruselas ha elaborado varios informes y muchas de sus recomendaciones (hasta ahora ignoradas) son las contenidas en esta nueva ley, que sustituye a un reglamento de 2011.

Impuestos

En un informe de 2018, la Comisión Europea recomendó a España implementar un «sistema fiscal armonizado» que se ocupa del vertido e incineración de residuos y que esté operativo en todas las comunidades autónomas. Actualmente cerca del 50% de los residuos municipales del país terminan en vertederos sin posibilidad de ingresar al sistema de reciclaje o reutilización. Solo una decena de comunidades tienen impuestos que penalizan estas prácticas y el derroche viaja de una autonomía a otra evitando impuestos. La nueva ley de residuos crea un nuevo impuesto estatal que exige la deposición de residuos en vertederos – en el caso de residuos municipales de 40 euros por tonelada. El gobierno estima que este impuesto podría recaudar 654,2 millones de euros al año.

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El otro impuesto que se derivará de esta ley será el que fijará los envases de plástico de un solo uso con 0,45 euros el kilo y que según el Gobierno permitirá la recaudación de 723,9 millones anuales. Este impuesto también es una obligación según la directiva europea contra la contaminación plástica.

Juan López de Uralde, diputado de Unidos Podemos y presidente de la comisión parlamentaria que redactó esta ley, recuerda que la ley debe servir para «aplicar las directivas europeas». Además, en materia de fiscalidad ecológica, España se encuentra en la cola de Europa y, lejos de revertir esta situación, está empeorando. En 2020, solo el 4,74% del monto recaudado con impuestos provino de green fees. Este es el nivel más bajo de los últimos 25 años, según datos de Eurostat. Desde 1995 este porcentaje ha ido disminuyendo a pesar de que varios organismos internacionales han pedido a España que dé más peso a la fiscalidad medioambiental en su sistema.

Estos dos impuestos fueron los que ocasionaron mayores problemas en la redacción del reglamento. Por un lado, ERC, socio del gobierno a la hora de hacer avanzar la mayoría de las leyes en esta legislatura, votó en contra el jueves. Xavier Eritja, diputado de ERC, explica que el rechazo de su partido se debe a que Cataluña tiene un impuesto al dumping desde hace 17 años y que su formación no quiere perder poder sobre esta tasa. «No queremos perder la capacidad de controlar la tarifa», dice Eritja. El gobierno y ERC han estado negociando una salida durante días sin éxito.

Finalmente la ley pudo avanzar gracias al voto favorable de última hora en Ciudadanos. A esto se sumó la abstención del PP. En el último momento, el Partido Popular logró introducir una moratoria para la aplicación de los dos nuevos impuestos, que no entrará en vigor hasta 2023. Pese a su abstención, el PP ha sido muy duro con esta regla y el diputado popular César Sánchez Ha asegurado que, si su partido vuelve a gobernar, eliminará el impuesto a los envases.

Clasificación de residuos

Ese informe de la Comisión de 2018 también pedía a España que introdujera una recogida separada obligatoria de biorresiduos, la papelera que algunas regiones ya están empezando a imponer. La nueva ley de residuos estipula que a partir de julio del próximo año todos los municipios de más de 5.000 habitantes deberán disponer de sistemas de recogida selectiva de residuos orgánicos, además de papel, metal, plástico y vidrio -localizaciones más pequeñas tendrán margen hasta 2024-. Además, todos los municipios deben prever la recogida selectiva de residuos textiles y aceites de cocina antes del 31 de diciembre de 2024.

Bruselas también recomendó en 2018 establecer objetivos vinculantes de recogida separada para las administraciones locales. Para 2035, «el porcentaje de residuos municipales recogidos por separado será al menos el 50% en peso del total de residuos municipales producidos», afirma ahora la nueva ley de residuos.

Además de la recaudación separada e impuestos, la nueva ley contiene estas otras medidas encaminadas a reducir los residuos producidos y su impacto ambiental:

  • Prohibo 10 productos de plástico de un solo uso. A partir de la entrada en vigor de la ley no se comercializarán utensilios como bastoncillos de algodón que contengan plástico, cubiertos, platos, pajitas o envases de espuma de poliestireno para bebidas, incluidas sus tapas y tapones.
  • Venta al por mayor. A finales de 2023, los supermercados de más de 400 m deben dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin envasar. Además, todos «los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocidos, deben aceptar el uso de envases reutilizables».
  • Eliminación de amianto. La ley establece que «en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, los municipios elaborarán un censo de las plantas y sitios con amianto incluyendo un calendario que prevea su remoción».
  • Destrucción de excedentes. La ley prohíbe la destrucción de «excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes o electrodomésticos». Y agrega: «estos excedentes se utilizarán principalmente para reutilizar los canales, incluida su donación, y cuando esto no sea posible, para prepararlos para la reutilización».
  • Agua no embotellada. Las administraciones deben promover el consumo de agua no embotellada en sus plantas mediante la instalación de fuentes públicas. De la misma forma, en las “estructuras del sector hotelero y de restauración, siempre se debe ofrecer a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios la posibilidad de consumir agua no embotellada de forma gratuita y complementaria a la oferta de la propia estructura”.
  • Tabaco en las playas. La nueva ley también brinda apoyo legal a los Municipios que quieran vetar el tabaco en las playas: “Los municipios pueden regular las restricciones al fumar y el lanzamiento deliberado de globos en las playas, lo cual puede ser sancionado por ordenanzas municipales de acuerdo al régimen de infracción y sanciones de esta ley. «. Numerosos concejales en España han aprobado la prohibición del tabaco en las playas en los últimos años, pero con esta nueva ley contarán con el respaldo legal para aplicar sanciones si así lo desean. El incumplimiento de estas limitaciones se consideraría infracción leve, lo que implica una posible multa de hasta “hasta 2.000 €”.
  • sanciones La nueva ley actualiza el régimen de sanciones. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas que oscilan entre los 100.001 y los 3.500.000 euros (en la ley anterior la sanción oscilaba entre los 45.001 y los 1.750.000 euros). Lo mismo ocurre con las faltas graves, que pueden ser sancionadas hasta 100.000 (antes 45.000). Y con los suaves, que pueden llegar hasta los 2.000 (antes 900). Además, por primera vez el abandono y vertido de residuos esparcidos (conocido por el término inglés desperdicio) en especie, que se considerará delito grave. Lo mismo ocurrirá con la quema de residuos agrícolas y forestales si no hay autorización.

Sistemas de depósito y devolución

Siempre que se aborda el tema de la gestión de residuos en España, se abre un acalorado debate sobre la posible implantación de sistemas de depósito, devolución y devolución de contenedores. Mientras Ecoembes, el organismo que representa los intereses de productores y supermercados, defiende que el modelo actual de recogida de envases plásticos -basado en envases amarillos- funciona, la mayoría de grupos ambientalistas y diversas formaciones políticas denuncian los fracasos de Quel. Por ello solicitan la implementación de sistemas de depósito, devolución y devolución de embalajes; es decir, los clientes depositan los envases en la tienda y cuando lo hacen se les devuelve un pequeño depósito.

La nueva ley abre la puerta a la implementación de este sistema para botellas de plástico. Pero lo condiciona al incumplimiento de los objetivos de reciclaje. En 2023 tendrá que haber alcanzado una cuota del 70% de botellas recicladas y en 2027 el objetivo será del 85%. En caso de no alcanzarse estos dos objetivos, la ley establece que “en el plazo de dos años se implantará en todo el territorio un sistema de depósito, devolución y reentrega de dichos contenedores”.

Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción y defensor del sistema de depósitos, saluda la inclusión de este modelo por primera vez en la legislación nacional. Pero critican que se limita solo a las botellas de plástico y no incluye otras como las de metal o vidrio.

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