Sin acuerdo en los partidos del Gobierno para investigar los abusos en la Iglesia: Podemos insiste en que lo haga el Congreso | Sociedad

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Las dos formaciones de gobierno no logran superar sus diferencias sobre quién debe investigar los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia. El PSOE insiste en que debería ser el Defensor del Pueblo y ya ha presentado una propuesta en este sentido consensuada con el PNV. Unidos podemos seguir abogando para que se lleve a cabo en el Congreso, como se pide en una iniciativa conjunta con ERC y EH Bildu. Estas formaciones han pedido una semana más para seguir negociando con los socialistas. Pero la intención de éstos y de los abertzales vascos es someter su propuesta a votación en el pleno del próximo 8 de marzo, según ha informado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban.

Ante la falta de acuerdo entre las formaciones de gobierno, ambos han buscado socios diferentes en el Congreso por su cuenta. Los socialistas compaginaron su propuesta inicial de encomendar la investigación al Defensor del Pueblo con las posiciones defendidas por el PNV. Los nacionalistas vascos defendían que se trataba de una comisión de expertos para investigar casos de pederastia en el ámbito eclesiástico. La iniciativa conjunta mantiene al Defensor del Pueblo en el centro de la investigación, con el asesoramiento de un panel de especialistas como quería el PNV. Ambas formaciones han argumentado en las últimas semanas que llevar el tema al Congreso corre el riesgo de convertirlo en un «espectáculo».

Unidas Podemos y sus aliados consiguieron una semana extra para la ocasión para continuar las negociaciones, aunque resisten la exclusión del Congreso. Su portavoz, Pablo Echenique, indicó este martes que la vía propuesta por PSOE y PNV debería ser «complementaria» a la actuación del Parlamento. Tanto Echenique como Gabriel Rufián de ERC dijeron que hay víctimas de abusos que exigen que se haga pública la investigación. Rufián no está de acuerdo con que el asunto solo se remita «a la Defensoría del Pueblo».

La socialista Carmen Calvo, por su parte, ha destacado que entre las víctimas hay diferentes opiniones sobre la conveniencia de hacer públicos sus testimonios. Encomendarlo al Defensor del Pueblo, ha subrayado Calvo, permitiría una investigación «discreta», cuyos resultados podrían ser llevados al Parlamento para que saque sus propias conclusiones.

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