Unidas Podemos negocia con el PSOE una fórmula de consenso para investigar los abusos en la Iglesia | Sociedad

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Unidas Podemos (UP) ha decidido retrasar la elaboración en la Junta de Portavoces de la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre abusos en la Iglesia, según fuentes cercanas a la negociación en EL PAÍS, tras recibir una petición de el PSOE en ese sentido para tratar de llegar a un acuerdo en los próximos días y llegar a un acuerdo sobre cómo investigar los abusos. Unidas Podemos quiere una investigación parlamentaria y el PSOE defiende una comisión independiente liderada por el Defensor del Pueblo. El objetivo de los dos grupos es llegar a un acuerdo que concilie las iniciativas que cada una de las partes ha presentado en el último mes o aunar ambas en una única propuesta. Tanto EH Bildu como ERC, que presentaron la propuesta con la UP a finales de enero, también acuerdan aplazar la votación, según las mismas fuentes. Salvo el Partido Popular y Vox, el resto de los principales partidos del Congreso se han mostrado partidarios de investigar el escándalo de abusos en la Iglesia española.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ya aclaró hace una semana la intención de su grupo de negociar para insertar algunos cambios en la propuesta socialista y dar, paralelamente, un papel al Congreso de los Diputados en la investigación. Unidas Podemos destaca que una investigación parlamentaria permitirá que comparezcan víctimas, peritos y presuntos cómplices. Según este grupo político, esta es una de las insistencias que más piden la mayoría de las víctimas que conocieron la semana pasada. “Nos piden perseverar en el camino de la comisión parlamentaria de investigación para poder diagnosticar el problema y que, entre otras ventajas, tiene la capacidad coercitiva de obligar a comparecer a los miembros de la Iglesia. Situación que no se da con la Defensoría del Pueblo”, aseguran fuentes de la UP.

La Conferencia Episcopal Española (Ce) ha criticado la aprobación de una comisión parlamentaria, especialmente si está llamada a declarar. “Estamos en una trampa saducea. Si la Iglesia, que ciertamente tendría argumentos legales para dificultar su participación en esta investigación, [nos oponemos], sería presentado como una negativa absoluta”, dijo el secretario de la CEE, Mons. Luis Arguello. De momento, y pese a que el PSOE le tiende la mano, no ha decidido oficialmente si cooperará en la investigación que el Gobierno quiere que lleve a cabo el Defensor del Pueblo. Solo unos pocos obispos se han presentado personalmente para mostrar su aprobación de investigar casos pasados.

A la espera del informe de la Fiscalía

Esta semana vence el plazo en el que los Fiscales superiores del Estado remiten al Ministerio Fiscal el informe que solicitaron el pasado 31 de enero con todas las actuaciones penales en curso (quejas y denuncias) relativas a agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa . Hasta el momento sólo se conoce el número de casos que han remitido a la Fiscalía las fiscalías de Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y la de la provincia de Alicante. En total, hay 11 casos: cinco en las provincias andaluzas, uno en Alicante y otros cinco en las provincias castellanas de La Mancha. Asturias y Extremadura han comunicado que no tienen procedimientos en curso.

Con esto la Fiscalía pretende hacer una radiografía del problema actual de la pederastia dentro de la Iglesia. Este mandato sin precedentes supondrá una investigación exhaustiva en un breve espacio de tiempo, ya que los registros de este tipo de juicios en los informes anuales nunca especifican si el delito se cometió dentro o fuera del ámbito religioso. La compilación que harán los fiscales no representará todos estos delitos, ya que algunos de ellos no llegan a la justicia civil, sino que se educan en juicios eclesiásticos. Son los obispos y superiores de órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de emitir indemnizaciones o silenciar lo sucedido.

La petición del ministerio público llega en medio del escándalo de pederastia que vive la Iglesia española después de que EL PAÍS entregara al Papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dossier con 251 casos sin denuncia previa de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores religiosos laicos.

Si tiene conocimiento de algún caso de abuso sexual que no haya salido a la luz, escríbanos con su queja a abusi@elpais.es

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